A raíz de la polémica que desato el legislador Ricardo Bussi por sus dichos en la adhesión de Tucumán a la Ley Micalea, asegurando de no conocer » mujeres asesinas por el simple hecho de ser mujer», el diputado Federico Masso recordó ver al legislador «salir con bolsos» para «pagar su campaña».
«Siempre cree el LADRÓN que todos son de su CONDICIÓN».De mi paso como Funcionario Provincial solo recuerdo ver a #RicardoBussi en cada previa de una Elección salir con BOLSOS , no porque hacía Gimnasia sino para pagar su campaña. #SiempreFuncionalAlPoderDeTurno», arremetió Masso a través de Twitter.
«Seamos honestos, Fuerza Republicana, jamás fue una fuerza autónoma, siempre necesitaron de el apoyo del poder de turno», amplió Masso hoy en delcaraciones a Radio Ciudad.
La respuesta desde Fuerza Republicana no se hizo esperar: «Sr Legislador. Lo que Ud livianamente acaba de denunciar vía redes sociales es muy grave. Por eso, como autoridad de la Cámara y como integrante del bloque de #FuerzaRepublicana le exijo muestre las pruebas. Sino lamentablemente todo queda en un acting p/ La Gaceta», disparó la vicepresidenta segunda de la Legislatura, Sandra Orquera.
Federico Masso se desempeñó como Director de Emergencias Sociales de la Provincia de Tucumán (2005-2007) y luego como Secretario de Estado de Atención a las Urgencias Sociales y Emergencias Sociales de Tucumán, desde Octubre de 2007 a Febrero de 2009, durante la gestión del tres veces gobernador José Alperovich. Durante ese lapso habría ocurrido el episodio de los bolsos que denunció en las redes sociales.
En 2007, Ricardo Bussi fue candidato a gobernador con Eusebia Jerez como compañera de fórmula en las elecciones que consagraron la reelección de José Alperovich y encabezó la nómina de legisladores provinciales de Fuerza Republicana. Luego renunciaría a su banca como senador nacional (asumió en 2003 y tenía mandato hasta 2009) para asumir como legislador y «controlar de cerca la gestión» alperovichista.
El artículo 261 del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública».
Fuente: El Tucumano